Montserrat Tura habló ayer de arqueología, historia y arquitectura en una mañana en la que el fondo de la cuestión era la justicia. La consellera del ramo disertó durante media hora sobre lo que será la nueva sede de la Audiencia de Barcelona en el paseo de Lluís Companys, un edificio tan funcional como elegante, a tenor de la entregada descripción que realizó Tura.
El nuevo edificio, que sustituirá al actual de los juzgados, tendrá un coste de 72 millones de euros, 4,4 de los cuales se destinarán a la elaboración del proyecto y, el resto, a la construcción. Acompañada del presidente de la empresa de la Generalitat GISA, Xavier Casas, la consellera aseguró que Catalunya «ha iniciado el salto hacia el segundo nivel de modernización de la justicia» y reconoció que la actual sede de la Audiencia es un espacio «inadecuado y provisional». El concurso público atrajo a finales del 2008 a más de 50 despachos de arquitectura. En julio, la primera criba dejó siete finalistas y ayer, tras la deliberación de un jurado, GISA entregó el pastel a la propuesta de RCR Aranda Piguem Vilalta Arquitectos y Plasencia Buendia Arraut y Associados, una joint venture de artistas de lo vertical que a mediados del año que viene presentarán a la Generalitat el esbozo final.
«RIGOR E INTELIGENCIA» / Casas destacó de la idea ganadora «el rigor, la elegancia de la piedra de la fachada y la manera inteligente de resolver la distribución de espacios». El edificio constará de dos bloques unidos por pasarelas de cristal. El más pequeño albergará las salas de vistas, mientras que la construcción principal acogerá la Audiencia, las oficinas judiciales, y los juzgados sociales y contenciosos administrativos.
Tura, que no se atrevió a aventurar cuándo podrá inaugurarse la nueva Audiencia de Barcelona, es consciente de que debajo del actual edificio, que deberá ser derruido, pueden salir a la luz numerosas piezas de interés arqueológico.
Tras lamentar que en los años 60 «no hubiera sensibilidad sobre la conservación de la historia de la ciudad», la consellera reconoció que las obras pueden retrasarse considerablemente si el valor del hallazgo requiere actuaciones complementarias de conservación, algo que ya ha sucedido en instalaciones de justicia en ciudades como Balaguer, Manresa o Tortosa. «No nos sabe mal, si hacemos una aportación a la historia pasada del país, estaremos encantados», concretó.