Sopesa la sociedad mixta por el temor de que el sistema de concesión previsto compute deuda. La explotación del campo será insuficiente para pagarlo y habrá que recurrir al presupuesto.
El Ayuntamiento de Zaragoza sigue analizando las opciones de financiación del nuevo estadio de fútbol de San José. Ante el temor de que el sistema de concesión de obra pública que se había previsto como solución compute deuda, se está analizando como alternativa la fórmula utilizada para pagar el tranvía (una sociedad mixta con subvención pública). En cualquier caso, el Consistorio se acaba de dirigir a la Intervención General del Estado para que aclare la situación.
Esta consulta ha sido expresamente recomendada por el despacho de Garrigues, que está trabajando en el estudio de viabilidad del nuevo estadio y que podría estar terminado a finales de mes. Hay que tener en cuenta que, con las arcas públicas en una situación extrema, es una condición irrenunciable para las administraciones que la financiación del estadio no genere déficit o deuda.
Mientras se aclara cómo se pagará el estadio, el gobierno de Zaragoza sacó ayer a información pública durante 15 días el proyecto, redactado por el arquitecto Joaquín Sicilia y que costará más de 130 millones de euros.
¿Pero cómo se pagará esa cantidad? La concesión de obra pública consiste en que un grupo de empresas construye y mantiene el estadio a cambio de un canon anual que abonarían las administraciones o la sociedad explotadora, en la que se podría dar entrada a la financiación privada. La concesión se planteaba a 30 años, con los primeros 2 o 3 de carencia.
Pero los casos de la M-30 de Madrid, que se financió de este modo y que al final ha disparado la deuda del Ayuntamiento, y el programa Red de la DGA para impulsar carreteras autonómicas, que está en una situación parecida, han impulsado al Consistorio a buscar alternativas.
La financiación del tranvía se basa en una sociedad mixta de mayoría privada (el 80% del capital lo tiene un grupo de empresas y el 20% restante el Ayuntamiento y la DGA). Una tercera parte del coste se sufraga con la subvención que destinan las administraciones al proyecto y el resto se lo reparten un crédito a largo plazo de la sociedad mixta y las propias aportaciones de los socios privados al capital social.
Pero está claro que, tal y como estaba previsto, es imposible que la explotación del campo de fútbol (palcos, patrocinios, terciarios...) sea suficiente para cubrir la financiación, por lo que sería necesario incluir partidas en el presupuesto. Este aspecto sería muy problemático, dado que el propio Ayuntamiento se enfrenta a un acusado recorte de sus cuentas en 2011. Y a la DGA, la otra administración implicada, le ocurre lo mismo.
El estudio de viabilidad ahora en redacción deberá concretar las opciones jurídicas y económicas para el estadio, pero todo apunta a un plan financiero que, bien mediante una sociedad mixta, bien por un sistema de concesión de obra pública, permitiría diferir los pagos del estadio a 30 años, que se irían incrementando conforme pasara el tiempo. Los ingresos que generará el estadio o la participación privada en la explotación reducirían las aportaciones públicas, pero no acabarían de eliminarlas del todo.
Por lo tanto, para evitar el lastre económico del campo de fútbol y lograr una amortización rápida de la deuda de la construcción, el Ayuntamiento podría recurrir a la parcela de uso terciario situada junto al estadio o incluso al solar que ocupa La Romareda siempre y cuando se recalificara para otros usos, por ejemplo, el residencial.