Escondidos y encerrados en una caja blindada contra toda suerte de curiosidad, aunque ésta se exprese de forma insistente en papeles oficiales y con peso de ley. El Valencia CF lleva más de siete meses -desde el 23 de julio de 2009- resistiéndose a cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de que se le entreguen los contratos suscritos por el club con el despacho del arquitecto Alejandro Escribano y el letrado urbanista José Luis Martínez Morales, los redactores de la modificación puntual del PGOU, el proyecto del PAI de Mestalla y responsables de la dirección facultativa de la obras y de otros servicios profesionales.
La precariedad económica de un club hermanado con la quiebra, y la presión de Bancaja, el dueño real como acreedor, ha forzado a Manuel Llorente a apretarse el cinturón hasta en el riguroso control de las bombillas. En esa tesitura, la directiva valencianista está poniendo trabas para no mostrar los contratos que revelan, entre otras remuneraciones, una comisión -del 3%, según trascendió en su día- que el club pagará por la venta de toda la volumetría lograda con la reclasificación del solar de uso deportivo a residencial, que alcanza los 89.340 metros cuadrados.
El TSJ ha requerido varias veces los papeles al Valencia CF, a instancias del grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia y en el marco del recurso contencioso-administrativo que presentó, el 28 de febrero de 2008, contra la resolución de la Conselleria de Urbanismo que aprobaba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)-UE Mestalla. Esta orden consolidaba el acuerdo del ayuntamiento de programar el PAI en esa unidad, el proyecto de urbanización, y la alternativa técnica y proposición jurídico-económica presentada por la empresa pública local Aumsa, elegida como agente urbanizador en gestión directa. Con este sistema se evitó el concurso para elegir al urbanizador y, de rebote, los profesionales contratados consolidaron su posición, ya que el ayuntamiento los mantuvo. En la proposición jurídico-económica se cifra, según documentación oficial, en 6.458.564 euros las cargas de la actuación, entre las que se incluyen los honorarios de esos técnicos por la redacción de proyectos, la dirección facultativa de las obras de desarrollo del PAI y otros servicios urbanísticos y jurídicos.
El equipo que lo copa todo
Los socialistas decidieron incluir, entre los medios de prueba que solicitaron en julio de 2009, la demanda de estos contratos para comprobar "si los importes reflejados en la relación de cargas del PAI se ajustan a los pactado con los profesionales encargados". "Es más, el propio blindaje que se hace en el PAI para que sea el mismo equipo que ha redactado la propuesta de modificación puntual [del PGOU] y el PAI el que efectúe la dirección de obras de urbanización y de su ejecución comporta la necesidad de que los honorarios sean justificados documentalmente", sostenía el PSPV en un escrito ante el TSJ.
El Valencia CF se negó a aportar esa documental -solicitada el 23 de julio de 2009- con el pretexto de que atentaba contra la privacidad del ejercicio profesional, argumento utilizado en el recurso jurídico que planteó contra esta exigencia. El Tribunal Superior de Justicia valenciano lo desestimó el 14 de octubre al entender que la documentación requerida sí afectaba al fondo del recurso y no a la confidencialidad profesional. Así que el tribunal exigió de nuevo unos papeles, que, incluso tras una nueva requisitoria en enero, sigue esperando.
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