Tema: Villanueva de Gállego (Zaragoza): Parque técnologico de aeronaútica

Bueno, la verdad es que era un proyecto bastante difícil sin contar con el apoyo del Gobierno español. La fábrica de los tigre nos hubiera ayudado bastante pero ya sabeis que el ministro tiro para su tierra.

Aunque este proyecto no ha salido bien creo que el balanza general de todo lo realizado en los últimos años es bastante positivo: Walqa, Plaza, Dinopolis son un éxito.
Platea, Motorland tienen buena pinta. El aeropuerto y la plataforma logística de Uesca pueden dar mucho juego en un futuro. Lo que quiero decir es que prefiero gobiernos que arriesguen e inviertan el dinero de los contribuyentes que gobiernos que no se mueven ni para atras y que al final te preguntas donde acaba tu dinero. Como cualquier inversión, se corren riesgos, y lo importante es que al final la mayoría de proyectos creen riqueza en el territorio. Y hay que dar un voto de confianza ante un fracaso como este.

Sin duda se han hecho muchisimas cosa y muy bien, pero lo de las avionetas deshuazadas...

Ya, son las formas. Si salen y reconocen el fracaso ante los ciudadanos lo valorarían más que hacer la chapuza de esconderlo y tratar de minimizar el efecto periodístico. Al final todo se sabe y se utiliza con intereses políticos para desprestigiar al oponente político.

Larraz elude hablar del fracaso de CAG porque es un tema "complicado"

Evita dar explicaciones y se escuda en que está recabando información para aportarla en las Cortes el próximo jueves.

Ni por qué se decidió inyectar 2,2 millones de euros para tapar la quiebra del fabricante de avionetas Composite Aeronautic Group (CAG) instalado en Villanueva de Gállego; ni por qué se hicieron chatarra los prototipos, los utillajes y las piezas pese a que había ofertas por 1,8 millones; ni qué se va a hacer ahora que Tecnam, la firma que ocupó las instalaciones de CAG, cierra tras haber recibido un aval de 6 millones de euros... Ni una explicación.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, eludió ayer pronunciarse sobre este asunto, pese a que de él depende la Corporación Empresarial Pública de Aragón en la que se incluye la sociedad Savia, responsable de estas inversiones y que integran -además de la DGA (41%)- Ibercaja, CAI, Multicaja, Cajalón y Caja Rural de Teruel.

En una rueda de prensa, tras la firma de un convenio para impulsar acciones ligadas al empleo y la formación en el ámbito audiovisual, el consejero evitó dar cualquier detalle y hacer valoraciones sobre este caso. Las razones a las que aludió, según dijo, es que se trata de "un tema bastante complicado y amplio". Por eso, se escudó en que está recabando información de la Corporación Empresarial y de los socios de Savia para "una probable" intervención en las Cortes. "Y en ese momento daremos toda la información", aseguró.

Ese momento será el próximo jueves, en el pleno de las Cortes. Aunque antes de escuchar las explicaciones del consejero, habrá que votar una retahíla de leyes que postergarán a la tarde -siempre con menor trascendencia- la comparecencia. En principio, el PP ha solicitado la intervención del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, pero todo apunta -como es ya tradición- a que delegará en Larraz.

El Tribunal de Cuentas

También le tocará dar explicaciones al consejero de Economía, en nombre de Iglesias, sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por unas posibles "infracciones penales" y un delito contable. En el primer caso, tendrá que informar de los 26 contratos de los ejercicios 2004 y 2005 en los que se advierten irregularidades y que suman 479 millones de euros. Entre otras cuestiones, la Fiscalía apunta a "deficiencias" en la tramitación de contratos como algunos del millonario plan de depuración de aguas, el Museo Pablo Serrano, la residencia y centro de día de Las Fuentes, el transporte sanitario no urgente....

Esta y la de Savia serán las dos únicas comparecencias de un pleno (el último del año) en el que se debatirá la modificación de la ley de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el proyecto de ley de las cajas de ahorros de Aragón, el proyecto de ley de juego y dos proposiciones de ley del PAR sobre la elección de los consejeros comarcales y la sustitución de las diputaciones provinciales por corporaciones.

Larraz elude hablar del fracaso de CAG porque es un tema complicado | Heraldo.es

Encima ahora nos llama imbéciles

La DGA aún no ha exigido los 2,2 millones que prestó a la firma de avionetas Tecnam

Tras la quiebra de CAG y el cese de actividad de Tecnam, el parque industrial aeronáutico de Villanueva de Gállego, de 70 hectáreas, es un erial.


La DGA, tras alegar que no conocía oficialmente el cese de actividad, admitió anoche que la empresa comunicó su marcha en una carta. La firma italiana ya anunció en septiembre a los trabajadores que iba a cerrar antes de final de año y los despidió en noviembre.

El descalabro del proyecto aeronáutico del Gobierno de Aragón se ha convertido en un pozo sin fondo. Si con la primera empresa que fabricó avionetas en Villanueva de Gállego se desembolsaron más de 10 millones de euros antes de su liquidación, con la segunda firma que le sucedió, Tecnam, se han perdido otros 2,2 millones de euros tras el cese de su actividad. Y este segundo caso aún es más llamativo, porque el dinero público se prestó y, en caso de incumplimiento, la empresa no solo estaba obligada a devolverlo sino que, además, debía asumir una penalización. El cierre se hizo oficial en noviembre, pero la DGA aún no ha iniciado acciones legales para reclamarlo.

Los contratos firmados entre las partes, a los que ha tenido acceso HERALDO, establecían la entrega de hasta seis millones de las arcas públicas, para lo que Tecnam debía desarrollar dos nuevos modelos de avión "totalmente diseñados y fabricados en sus instalaciones de Villanueva de Gállego". La DGA, a través de la empresa pública Savia Capital Inversión, pretendía reflotar la fábrica de avionetas de Villanueva de Gállego tras la liquidación de CAG y lo hizo sin exigir a cambio ningún aval ni garantía. Y lo comprometido por la aeronáutica nunca se cumplió: solo montó avionetas traídas por piezas en camión desde la central de la empresa en Italia entre 2008 y 2010.

Según los acuerdos, la empresa debía devolver el dinero a Savia y asumir una penalización del 30% del dinero pendiente de reintegrar en caso de cesar su actividad antes del 31 de diciembre de 2011. Según fuentes de la DGA, no han devuelto ni un euro, por lo que la cantidad adeudada asciende a 2.925.000 euros (sumada la penalización).

Como en todo lo relacionado con la gestión de las empresas públicas, la información es mínima. Si en un primer momento fuentes oficiales de la DGA argumentaron ayer que desconocían oficialmente el cese de actividad, anoche indicaron que Tecnam lo había enviado un carta de notificación. La DGA lo aclaró a través de un mensaje de móvil, sin aclarar la fecha.

La Corporación Empresarial Pública sostuvo por la tarde que el tema es "delicado" (lo mismo en lo que se escudó el consejero de Economía, Alberto Larraz hace una semana para no hablar) y no quiso ni siquiera apuntar si reclamarán el dinero. "La estrategia no se puede ni se debe contar", señalaron.

Las citadas fuentes oficiales argumentaron en un principio que la empresa no les había comunicado el cese de su actividad, aunque admitieron que visitaron la planta de Villanueva tras su cierre. "No tenemos conocimiento oficial, pero hemos ido allí. Estamos pendientes de nuestras inversiones", se limitaron a explicar.

La DGA sostuvo, de esta manera, que si no había emprendido acciones legales era precisamente porque no tenía conocimiento oficial del cierre de la fábrica.

No obstante, los empresarios italianos ya comunicaron en septiembre a sus veinte trabajadores que iban a cerrar antes de fin de año y finalmente los despidieron el 22 de noviembre. Adujeron que la DGA no había cumplido lo pactado, aunque este diario intentó sin éxito hablar con su portavoz, al que remitió su representante comercial en España, Álvaro Lapetra.

La más estricta confidencialidad

Los acuerdos quedaron recogidos hasta en seis documentos que llevan la firma del consejero Larraz, del ex consejero delegado de Savia Santiago Coello y de su sucesor, José Luis Murillo. En el primer documento, un convenio de colaboración rubricado el 10 de junio de 2008, ya se pactó la entrega inicial de seis millones a través de dos contratos de cuentas en participación. Como contraprestación, se estableció la participación en los hipotéticos beneficios, aunque nunca se dio el caso.

Entonces, Tecnam debía comprar por un precio simbólico las acciones de CAG tras su descalabro, aunque solo unos días después, con la firma del contrato (el 16 de julio), ya se le eximió y los fondos comprometidos aumentaban a seis millones. Eso sí, públicamente se dijo que compraba CAG, mientras los italianos firmaban una cláusula por el que "el contenido detallado" del acuerdo quedaba sometido "a la más estricta confidencialidad".

A cambio, Tecnam debía aportar un capital social de 1 millón de euros, diseñar dos avionetas 'made in Zaragoza' y crear 100 puestos de trabajo. Las dos últimas condiciones no se llegaron a cumplir, por lo que el Gobierno decidió congelar la aportación que debía hacer a principios de este año, de 750.000 euros. La situación económica llevó a renegociar las condiciones en mayo de 2009 y se decidió alargar las aportaciones económicas. Para entonces, Savia Capital Inversión había entregado a los empresarios italianos 2.250.000 euros y debía desembolsar los restantes 3,75 millones entre 2010 y 2014. Esos 2,25 millones son los que ahora deberá reclamar la DGA si quiere recuperarlos.

Larraz admite que la inversión en CAG fue "un fracaso"

El consejero de Economía, que ha comparecido a petición del PP, también ha declarado que la gestión de Mbius "no ha sido la esperada".

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, ha reconocido este jueves que la inversión en la empresa aeronáutica Composite Aeronautic Group (CAG) ha sido un "fracaso", inversión realizada a través de Savia Capital Atracción, sociedad de capital riesgo participada al 41% por la Corporación de Empresas Pública de Aragón y gestionada por la sociedad gestora Mbius, cuya actuación "no ha sido la esperada".

Larraz se ha pronunciado así durante su intervención en el pleno de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición del Partido Popular, en nombre del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, para explicar la gestión y resultados de las sociedades de capital riesgo en las que participa el Ejecutivo autonómico.

El consejero ha afirmado que la inversión en CAG ha resultado "fallida", igual que otras inversiones del Gobierno de Aragón "han sido buenas" y ha subrayado que en las sociedades de capital riesgo se puede llegar a perder el cien por cien de lo invertido o, al contrario, obtener buenos resultados porque son "inversiones no exentas de un incuestionable riesgo empresarial".

Al respecto, ha señalado que de las cuatro sociedades de capital riesgo en las que ha participado la Comunidad autónoma, dos de ellas han ido bien y otras dos, las gestionadas por Mbius, han ido "regular" o "fatal" y por eso hubo un momento en que se decidió "dejar sin efecto su contrato de gestión", dar de baja esos dos fondos de capital riesgo, que pasaron a ser sociedades anónimas, gestionadas directamente por su consejos de administración.

Larraz ha añadido que gracias a esa gestión directa de los consejos de administración "se conocieron datos que pusieron en entredicho la realidad de la información facilitada por Mbius y la calidad de la gestión" por lo que se pidieron informes jurídicos externos que aconsejaron interponer una reclamación económica a Mbius por una posible responsabilidad por defectuoso cumplimiento contractual, como así se hizo.

"En ningún momento los socios pretendieron blindar o proteger a Mbius, eximiéndola de responsabilidad, al contrario, la reclamación viene a acreditar que siempre se ha apostado por la transparencia", ha argumentado Larraz, algo que también se constata por la decisión de resolver esta situación a través de un laudo arbitral, ha apuntado.

No ha sido el esperado
Larraz ha reconocido que el resultado de la gestión de Mbius "no ha sido el esperado", si bien el árbitro del laudo ha considerado "que es evidente que en el desarrollo y desenlace de las inversiones intervinieron factores ajenos a las partes, que escapaban a su control, por lo que no se puede imputar la responsabilidad a ninguna de ellas", es decir, ni a Savia ni a Mbius, que también presentó reclamación.

El consejero también ha afirmado que "los esfuerzos por vender los materiales" de CAG "fueron inútiles" porque ninguna de las ofertas "se materializó" por lo que los socios aprobaron "unánimemente el achatarramiento del material" ya que su custodia era costosa.

Larraz también se ha referido a la aeronáutica italiana Tecnam, con la "veíamos futuro cuando vino" puesto que es "la que vende más aviones en toda Europa", pero que ha resultado afectada por la crisis económica, ya que las "avionetas son un bien elástico que, en ocasiones, no es tan fácil de vender", de forma que "también nos hemos equivocado porque no ha funcionado bien".

No obstante, ha asegurado que la Corporación de Empresas Pública de Aragón ha impulsado otros negocios con los que ha ganado dinero, de forma que se han "equilibrado las cuentas" y se han generado cientos de puestos de trabajo directos o indirectos.

Un escándalo
El portavoz del PP, Eloy Suárez, ha lamentado que no haya sido el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, quien haya comparecido para dar explicaciones de "uno de los mayores escándalos de los doce años de gobierno socialista", que harían necesaria la dimisión de Larraz, ha opinado.

Al respecto, ha afirmado que el consejero "nos engañó" y "mintió" a los diputados y a los ciudadanos" porque "cuando le pregunté en noviembre de 2008 sobre CAG dijo que era la única que exportaba avionetas a todo el mundo y mejoraba la balanza comercial de Aragón", cuando "le pedimos más información no respondió" acogiéndose a la confidencialidad y "cuando le hablé de pérdidas contestó que el programa iba a ser un éxito en el que se recuperaría el capital".

Sin embargo, "usted ya sabía que esa sociedad estaba condenada al fracaso" y "prefirió alargar su agonía, con la esperanza de que esto no se supiera jamás", aportando fondos a CAG "para tapar una quiebra", en vez de destinarlos a servicios sociales u otras necesidades de los ciudadanos y "en vez de dar la cara y asumir responsabilidades" porque "estas cuestiones se resuelven asumiendo la responsabilidad política, que significa que uno se va a su casa cuando las cosas se hacen mal".

Larraz ha afirmado que el Gobierno "nunca ha pretendido ni ha propuesto blindar a ninguna gestora, ni achatarrar en vez de vender, ni aportar fondos de manera injustificada para tapar una quiebra, y aunque lo hubiera querido hacer, no hubiera podido" porque no posee la mayoría de la sociedad. Con esto, ha continuado, "no nos quitamos responsabilidad" porque "asumimos las pérdidas".

Además, ha considerado que el portavoz del PP ha incurrido en su explicación en "inexactitudes y algunas mentiras" y por eso ha pedido su "cese", al tiempo que ha comprendido que "no tenga tiempo" para conocer a fondo lo ocurrido con CAG porque "está con el Ayuntamiento", ha dicho en relación a que es el candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza, y "los pluritrabajos son complicados", ha apuntado el consejero.

Comisión de investigación
El diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, ha deseado que la petición que su grupo va a apoyar de realizar una comisión de investigación sobre este asunto "nos aclare" lo ocurrido en este "turbio asunto" del que, al menos, se puede afirmar que la inversión de diez millones de euros en CAG ha acabado "convertida en chatarra", a los que hay que sumar 2,2 millones para pagar deudas y seis millones para que Tecnam se pudiera instalar y así saber "quién miente, si alguien miente o quién miente más, si lo hacen todos".

El diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, también apoyará la creación de una comisión de investigación porque es "conviene que aclaremos" lo ocurrido, aunque "no creo que haya una trama oculta, pero sí cuestiones que mejorar e informar" para "extraer conclusiones" y para "ganar confianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas".

Los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), han reconocido que ha habido un "fracaso rotundo" en estas inversiones, como ha comentado el portavoz socialista Antonio Piazuelo.

No obstante, ha señalado que "no ha costado ni un euro" a las arcas públicas porque "lo que se ha perdido por un lado, se ha ganado por otro" en las inversiones de la Corporación, para remarcar que esta última es un "instrumento que proporciona 1.500 puestos de trabajo".

El diputado del PAR, Javier Callau, ha precisado que las inversiones de las sociedades de capital riesgo "pueden generar mucha rentabilidad económica" y también fracasar, para remarcar que la participación del Gobierno no tiene ese objetivo exclusivo, sino que también pretende una "rentabilidad social" y potenciar la pequeña y mediana empresa. En el caso de CAG, ha dicho que ha sido una inversión "fallida", algo "triste, pero sólo eso, ni menos, ni más, aunque alguno se empeñe".

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bueno, por fin algo de franqueza y de autocrítica

Iglesias defiende la vigencia de su apuesta aeronáutica pese a los fracasos cosechados

El presidente minimiza la investigación de 26 contratos de la DGA por el Tribunal de Cuentas, al que ofrece su "intensa" colaboración. PP y CHA le acusan de no dar la cara pese a la gravedad de los hechos.

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, defendió ayer la vigencia de su proyecto aeronáutico pese a los fracasos cosechados en la fábrica de avionetas de Villanueva de Gállego, en la que se han perdido más de 12,2 millones de euros en dos aventuras empresariales consecutivas. Iglesias aseguró categórico que "no va a renunciar" a este sector industrial estratégico minutos después de achacar su descalabro a la crisis económica, aunque Composite Aeronautic Group (CAG) ya estuviera al borde de la quiebra con antelación.

La polémica gestión de los fondos públicos en las sociedades de capital riesgo de Savia Capital Inversión, así como las supuestas infracciones penales detectadas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en 26 contratos de la DGA de 2004 y 2005, centraron ayer por segundo día consecutivo la actividad parlamentaria. Tanto el PP como CHA obligaron a Marcelino Iglesias a dar la cara, para lo que recurrieron a sendas preguntas al presidente tras haber rehuido este las comparecencias monográficas del día anterior en el pleno.

Iglesias se escudó en la coyuntura económica, insistió en que la DGA no tenía la mayoría en Savia (un 41,75%) y en el hecho de que la mayoría de las empresas participadas no acaben en un fracaso para minimizar el descalabro de su proyecto aeronáutico. También quiso relativizar las pesquisas legales asegurando que lo que ha pedido el Tribunal de Cuentas son "aclaraciones" sobre determinadas "cuestiones contables".

Iglesias, tras avalar la gestión de su equipo de gobierno, acusó al PP de sobreactuar y le preguntó a su portavoz, Eloy Suárez, dónde debía poner el nivel de una acusación política, "en la sospecha infundada, cuándo hay imputaciones o cuándo deciden los tribunales".

Y como ya hizo un día antes Larraz, pretendió desviar la atención poniendo el acento en cómo se habían filtrado actas de los consejos de Savia o las actuaciones jurídicas del Tribunal de Cuentas, lo que provocó la protesta de los diputados del PP.

El portavoz popular, Eloy Suárez, fue especialmente duro y achacó al presidente que evite comparecer por ambos asuntos y envíe a Larraz a dar explicaciones. "Si le quedaba algo de credibilidad política la acaba de perder. Lamentablemente, se va a ir de este gobierno manchado por la mentira y bajo la lupa del ministerio fiscal", sentenció.

También cuestionó que Larraz hubiera "enterrado" dinero público para tapar la quiebra de la empresa aeronáutica CAG. "Usted no tiene nada que decir y da la callada por respuesta", le dijo Suárez a Iglesias, al que responsabilizó de todo lo ocurrido por la actitud que mantenía. Y tras recodar que los 26 contratos que investiga la Fiscalía del Tribunal de Cuentas suman casi 500 millones de euros, concluyó que lo único que le importa al líder socialista es "llegar vivo al 22 de mayo", la fecha fijada para las próximas elecciones locales y municipales, "y que la maquinaria electoral socialista también llegue íntegra".

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, también se mostró beligerante y subrayó que un presidente "a la altura de las circunstancias" hubiera salido el primer día a dar la cara en asuntos de "semejante gravedad". "Viene por que no le queda más remedio", le espetó la portavoz nacionalista, antes de acusarle de presidir un gobierno "que va a la deriva, del sálvese quien pueda, incapaz de poner sobre la mesa una actuación coordinada para hacer frente al descrédito que acumula".

A su juicio, la DGA dedica más tiempo "a tapar los fracasos, los problemas de Savia, los despilfarros de millones de euros" que a resolver la crisis y crear empleo. Ibeas puso el énfasis en la actuación del Tribunal de Cuentas, que ha dejado "muy tocado" al Ejecutivo porque es "muy grave" que actúe la sección de enjuiciamiento y que, de forma paralela, haya solicitado testimonio de particulares sobre determinados contratos para dilucidar si puede darse "posibles responsabilidades penales".

Iglesias defiende la vigencia de su apuesta aeronáutica pese a los fracasos cosechados | Heraldo.es

La DGA ha gastado más de 54 millones en sus tres proyectos aeronáuticos fallidos

La fábrica de avionetas de Villanueva y la compañía Plaza Servicios Aéreos se cerraron tras acumular fuertes pérdidas. El aeródromo de Caudé sigue vacío tras dos años de contactos para atraer empresas.

Una fábrica de avionetas en Villanueva de Gállego cerrada tras dos aventuras empresariales, una línea aérea liquidada porque solo daba pérdidas y un aeródromo industrial en Caudé para el que no se encuentra gestor ni empresas tras dos años de contactos. Este es el balance de los tres proyectos aeronáuticos del Gobierno de Aragón, que convirtió en una de sus principales apuestas políticas y en los que lleva gastados más de 54 millones de euros.

La crisis es la principal excusa esgrimida de la DGA para justificar semejante descalabro, pero ni en el caso de la fábrica de avioneta ni en el de la compañía aérea se puede achacar a esta causa por la sencilla razón de que las fechas no coinciden. Y, además, fueron mal desde un principio.

El caso más llamativo es del parque aeronáutico de Villanueva de Gállego, que seis años después de su presentación sigue siendo un páramo de 76 hectáreas en el que solo se puede encontrar una nave industrial junto a una pista de aterrizaje. Allí abrió Composite Aeronautic Group (CAG) una fábrica de avionetas en 2006 que cerró a los dos años tras múltiples vicisitudes, en parte achacables a la propia Administración, según un reciente laudo arbitral.

Su llegada fue negociada por la Consejería de Economía y Hacienda y la entrada en su capital social, impuesta a Savia Capital Atracción, pese a que tanto el consejero, Alberto Larraz, como el presidente, Marcelino Iglesias, hayan insistido esta semana que la DGA solo tenía el 41,75% de las acciones de dicha sociedad.

Solo en la aventura de CAG se perdieron más de diez millones de euros. Sus graves problemas económicos, de los que Larraz fue incluso advertido por escrito por un socio el 1 de febrero de 2007, la llevaron a una situación de quiebra solo un año después. Y la DGA optó por taparla con otra inyección económica antes de liquidar la firma sin hacerlo nunca público, al igual que el achatarramiento de los prototipos creados de las avionetas.

La Corporación de Empresas Públicas fichó en el verano de 2008 a la italiana Tecnam para que reflotara la fábrica de Villanueva, pero el pasado noviembre cerró sus puertas. Y en esta segunda etapa se han perdido otros 2,2 millones.

El sueño de fabricar el 'Tigre'

Lejos queda el horizonte dibujado en 2004 por el entonces consejero de Economía, Eduardo Bandrés, cuando hablaba de que este flamante polígono aeronáutico tenía posibilidades de acoger la fabricación del helicóptero de combate 'Tigre'. "La industria aeronáutica se ha convertido en una de las apuestas de Aragón para el futuro y para la diversificación de nuestra economía, evitando dependencias de un solo sector productivo", declaraba Bandrés.

Con este objetivo se creó también una aerolínea, Plaza Servicios Aéreos, controlada por la DGA a través de su participación en el accionariado -de forma directa (25%) y a través de Plaza (35%)-. Se estrenó en octubre de 2006 con una ruta de carga con Canarias y con otra de viajeros a Santiago. Las pérdidas fueron sustanciales desde el principio, pero todo daba igual en plena bonanza: se creó otro enlace con Málaga y se intentó un tercero con Toulouse que ni siquiera duró cinco meses. Había días que ni volaba por falta de viajeros.

Con cinco millones de pérdidas ya acumuladas, el Gobierno de Aragón trató de salvar la aerolínea con una reestructuración y el fichaje de un socio industrial, Flyant, para continuar con la actividad de carga, pero ni siquiera así lo logró y cerró esta división solo un año después. El negocio del transporte de viajeros también tenía los días contados, pero por una cuestión de imagen se alargó su agonía, de manos de Pyrenair, hasta la clausura de la Expo.

El ex viceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, optó por achacar el fracaso a la "fuerte subida de los carburantes" y a la crisis económica que pilló a la compañía "a la vuelta de la esquina". "El error de Plaza fue el momento", dijo en una comparecencia monográfica hace año y medio. Entonces, como ahora con la fábrica de avionetas, nadie del Gobierno de Aragón asumió sus responsabilidades.

La aventura aeronáutica se completa en una tercera pata, la más cara y la que más quebraderos puede traer en el futuro: el complejo de mantenimiento y reciclaje de aviones de Caudé, idéntico al que pretendió montar la extinta empresa zaragozana Mac Aviation. En este caso, no hay vuelta atrás ni se puede liquidar la empresa para correr un tupido velo, ya que se han invertido 38 millones de euros en la primera fase de las instalaciones.

La reconversión del viejo campo de vuelos están acabada y la DGA busca ahora desesperada que se implante alguna empresa tras dos años de intentos infructuosos para salvar el expediente. En la Consejería de Obras Públicas están convencidos de lograrlo, hasta el punto de que han sacado a concurso la construcción de un hangar para facilitar la instalación de algún operador.

En los dos últimos años se ha negociado sin éxito el fichaje de empresas americanas, europeas y asiáticas, pero el problema reside en la base del proyecto. Los informes oficiales pusieron en tela de juicio semejante inversión, pero se siguió adelante y se diseñó el complejo a medida de la firma con la que se apalabró la gestión. Pero el concurso quedó desierto y la última aventura aeronáutica de la DGA acabó por complicarse.

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