Tema: Ley de Costas en la CV

Ley de Costas en la CV

Costas ordena el cierre inmediato de las terrazas en las playas de Pinedo y el Saler

Qué envidia, la de los políticos madrileños, que no saben qué es salir del trabajo y comerse unas tellinas mirando el mar, aunque sea en pleno mes de diciembre... Un lujo para los sentidos que sin embargo va a desaparecer a partir del próximo 1 de enero.

Quedan tan sólo 15 días para disfrutar de las terrazas de los ocho restaurantes ubicados junto a las playas de Pinedo y el Saler. A partir de ese día, los propietarios tendrán que recoger sillas, mesas y toldos para no volver a instalarlos nunca más. Así lo dice la Dirección General de Costas desde sus despachos de la capital y caro les va a costar a los restauradores si no lo hacen así. «Esto es la ruina», dice María Pilar Victoria, propietaria del restaurante Abi de Pinedo.

A cada uno de los locales ubicados junto al paseo marítimo les llegó a finales de noviembre una carta que no deja lugar a dudas. Si a partir del 1 de enero hay una sola mesa en la terraza, serán multados y tendrán que pagar 60 euros por metro cuadrado ocupado al día.

Los seis locales de Pinedo tienen 150 metros de terraza, mientras que los del Saler llegan a los 415. Solo hay que multiplicar. 9.000 euros diarios deberían pagar los restaurantes de Pinedo por mantener mesas al aire libre, que suponen entre el 60 y el 70% del negocio. En total, Costas recaudaría más de 100.000 euros diarios. «Tenemos más de 20 mesas fuera. Vivimos de ellas porque a los valencianos les da igual si hace frío», asegura María Pilar.

Pero la medida es, para ellos, «inexplicable». ¿Cómo se puede entender que ahora la Dirección General de Costas prohíba las terrazas si los locales son suyos? Los restauradores son herederos de los antiguos chiringuitos que fueron derribados por el Ministerio. «Vino Costas, construyó los locales y montó las terrazas como ellos quisieron. Nosotros tenemos ahora una concesión, y hemos cumplido sus normas a rajatabla», asegura Juan Ángel, del restaurante Velero.

Así que Costas se desdice a sí mismo y pese a que las terrazas no molestan al paseo marítimo -están incluso a un nivel distinto- tendrán que ser retiradas. «No puede quedar ni un palo en pie», asegura Juan Ángel. Justo ayer se reunieron los restauradores de los ocho locales afectados por la medida. Es el derecho al pataleo final, a una moratoria como la que está en vigor en la playa de la Malvarrosa. Por ello se reunirán la semana que viene con el Ayuntamiento y la Dirección General de Costas. «La consecuencia inmediata es que cada restaurante deberá reducir la plantilla a más de la mitad», explicó el abogado de los afectados, Javier Campomanes. Como mínimo.

Juan Ignacio se comió ayer una paella con compañeros de trabajo en uno de los restaurantes de Pinedo. «No nos pueden quitar esto, forma parte de nuestra cultura», decía. Como él, en un frío día de diciembre como el de ayer muchos comensales disfrutaban del sol y del mar. Las terrazas estaban casi llenas. «Y los fines de semana está a reventar. No hay diferencia entre el verano y el invierno».

Costas ordena el cierre inmediato de las terrazas en las playas de Pinedo y el Saler. Las Provincias

Respecto al Puig

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El TSJCV ordena la demolición de 49 casas en El Puig por ocupar una zona de dominio público marítimo



La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado la demolición de 49 casas en la playa del municipio valenciano de El Puig por ocupar una zona de dominio público marítimo terrestre sin ningún título o autorización para ello.

De esta manera, el TSJ desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los residentes en estas casas contra la resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que acordó recuperar de oficio bienes indebidamente ocupados, como las 49 casas de El Puig, ubicadas en la calle Pescadores y en el Paseo Marítimo. Ordenaba su demolición y la restitución de los terrenos a su primitivo estado.

En el recurso, los vecinos alegaban que adquirieron las propiedades de manera informal a finales del siglo XIX y principios del XX, y que eran parcelas privadas alejadas originariamente del mar, con títulos pacíficos y públicos. También aseguraron que habían abonado los correspondientes impuestos por ello, y, por tanto, negaban que se tratara de una apropiación de dominio público, sino de propiedades privadas lícitas devenidas en públicas.

Sin embargo, la sala entiende que estas casas se encuentran dentro de la zona marítimo terrestre, tal y como figura en un deslinde aprobado en 1969. Tras ello, el Ministerio de Medio Ambiente inició los trámites para su recuperación, y resolvió el 20 de julio de 2004 recuperar de oficio la posesión de estos bienes, ordenando su demolición y restitución. Esta resolución fue confirmada por otra de 23 de diciembre de 2004.

Así, la sala considera que "no hay duda" de que los terrenos y viviendas de El Puig ocupan una zona pública marítimo terrestre, y cita el artículo 8 de la Ley de Costas, que dice que "no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientes del Registro de la Propiedad".

Además, alude al artículo 13 de la misma normativa, que deniega la prevalencia de las inscripciones del Registro de la Propiedad sobre la naturaleza demanial de los bienes deslindados, sobre la posesión y titularidad dominical a favor del Estado.

Con todo, resume que si las casas de los vecinos se encuentran en zona de dominio público marítimo terrestre, a tenor del deslinde vigente de 1969, si no cuentan con título alguno para detentar la posesión de esos terrenos, si se tienen en cuenta los artículos de la Ley de Costas, "no tiene vicio alguno" que la sala invalide el recurso, puesto que la actuación administrativa recurrida es "conforme" al ordenamiento jurídico.

El TSJCV ordena la demolición de 49 casas en El Puig por ocupar una zona de dominio público marítimo. Las Provincias

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Los vecinos del barrio de pescadores de El Puig recurren ante el Tribunal Supremo la sentencia que les obliga a derribar sus 49 viviendas

«Nací en esta casita. Mis padres y mis abuelos eran pescadores. Este barrio forma parte de la historia de El Puig. Es una injusticia tan grande...». Leonor Gallén es propietaria de una de las 49 viviendas situadas en la playa, en el dominio público marítimo-terrestre, y que ahora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ordena derribar.

En realidad, los vecinos del barrio llevan 40 años escuchando que las casitas estaban fuera de ordenación y que no eran en realidad sus propietarios, pese a que estas viviendas han pasado de padres a hijos desde finales del siglo XIX.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, fechada el pasado 13 de mayo, basa su argumentación en que la ley de Costas de 1988 impide que haya propietarios más allá del Estado en terrenos de dominio público. Y ve «ineludible consecuencia la orden de demolición».

La abogada de los propietarios, Dolores Monferrer, explicó ayer sin embargo a LAS PROVINCIAS que previsiblemente no habrá derribos de las casas mientras esté pendiente de resolver el recurso presentado ante el Tribunal Supremo. «Estamos dispuestos incluso a ir a Estrasburgo. La Administración ha dibujado el deslinde de forma tal que hace un quiebro y deja fuera de ordenación, solamente, estas casitas». El alcalde de El Puig, José Miguel Tolosa, dejó claro que el Ayuntamiento estará «siempre junto a los propietarios, apoyándoles en todo».

Los vecinos recuerdan cómo las olas que ahora rompen con fuerza en la escollera construida por ellos mismos para que un temporal no les arrastre quedaban antigüamente muy lejos. «Mi madre me contaba que delante de las casitas había un camino de carros, una marjal donde se cultivaba arroz, una playa de canto rodado y otra de arena».

Según Monferrer, un informe realizado por una catedrática de Geografía asegura que a principios del siglo XX había 150 metros hasta el mar. «Y ha sido la Administración con su desidia quien ha dejado morir este litoral».
No tienen conexión al suministro eléctrico, ni agua potable, y Costas les impide cualquier obra o reforma para mejorar sus viviendas. Las precarias condiciones en que se mantienen estas viviendas ha ahuyentado a muchos, y la mayoría sólo van a pasar el verano. Sin embargo, pese a todo, Mercedes, Manolo, Leonor o Ángel consideran que es un paraíso. «Parece que los pobres no podemos disfrutar de la playa», decía Ángel.

Desde su porche, donde todos los días cenan escuchando las olas del mar, se ven muy cerca, y prácticamente a la misma distancia de la playa, varios chalés «legales». Y mucho más caros. Mercedes, mientras, dice que prefiere que sea «un temporal el que derribe mi casa que sea una grúa mandada por Costas». Los vecinos todavía no acaban de creerse que haya una amenaza real, después de tantos años. Y cuando a Ángel se le pregunta si estará el día del derribo, los ojos se le llenan de lágrimas y no sabe qué contestar.

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Peralta dice que los 'chiringuitos' son compatibles con la Ley de Costas y que ésta "garantiza miles de empleos"

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, afirmó hoy que "no hay ninguna incompatibilidad entre la Ley de Costas y los 'chiringuitos'" de las playas y que la norma estatal "garantiza miles y miles de puestos de trabajo", por lo que, a su juicio, "quien afirma que la Ley ataca a los puestos de trabajo, no entiende nada de la realidad de nuestro país".

Peralta respondió así a la consellera de Turismo, Angélica Such, quien ayer criticó la aplicación "tajante" de la Ley de Costas en un año marcado por las dificultades económicas para el sector turístico. Al respecto, aseguró que "la realidad acredita que se está aplicando con pleno sentido común" y que se pretende "ayudar y trabajar" con "aquellos chiringuitos que hoy día no se ajustan a la Ley de Costas".

Asimismo, resaltó que los chiringuitos de la playa "existen actualmente porque tienen cabida en la ley, por tanto, no hay ninguna incompatibilidad". No obstante, consideró "evidente" que la Ley de Costas "pretenda regular el fenómeno de los chiringuitos porque si no, tendríamos una playa de chiringuitos y no una playa de personas". Algo que implica, según dijo, una regulación para "hacer que estén en condiciones de prestar el servicio que prestan a los ciudadanos", puesto que es "necesario que estén allí".

En cuanto a la situación actual, aseguró que la aplicación de la Ley de Costas "genera puestos de trabajo, que tengamos buenas playas, accesibles a los ciudadanos y con buenos servicios", porque "el turismo es la principal actividad económica de nuestro país, la que más puestos de trabajo ocupa en estos momentos" y "es uno de los activos principales de nuestra política de turismo".

Por ello, dijo que "quien afirma que la Ley de Costas ataca los puestos de trabajo, no entiende nada de la realidad de nuestro país", dado que, "al contrario, la ley garantiza miles y miles de puestos de trabajo en nuestro país. Esa es la realidad de los últimos años, de hoy y del futuro".


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Alcaldes y hosteleros exigen al Gobierno una moratoria para salvar los chiringuitos

Más de medio centenar de chiringuitos de la Comunitat corren el riesgo de desaparecer. El Consell, los Ayuntamientos valencianos y los hosteleros luchan juntos para evitar la amenaza, que procede de la Ley de Costas. Ayer dieron el primer paso durante una reunión para analizar la situación actual de los establecimientos afectados. De momento, van a pedir al Gobierno central una moratoria en la aplicación de la normativa «hasta que se resuelvan todos los casos», apuntó el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla.

Precisamente, para tratar cada uno de ellos, reclamaron la creación de una comisión mixta entre la administración central, la autonómica y la local junto al sector turístico y estudiar uno por uno la situación que afrontan los establecimientos de la Comunitat. La reunión es urgente. «Tiene que celebrarse de manera inmediata, esta semana o la que viene porque de nada nos sirve que se haga pasado el verano», apuntó Rambla.

El objetivo es frenar el cierre de los chiringuitos por una actuación que consideran «discriminatoria". «No entendemos por qué está pasando lo que está pasando. No existe ninguna causa objetiva para que el Gobierno central haya emprendido una cruzada contra nuestras playas», lamentó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

«Este problema supone la pérdida de puestos de trabajo. Por ejemplo, sólo en la playa de la Malvarrosa podemos pasar de 8.000 clientes de los chiringuitos a 2.000 o 2.500», aseguró el presidente de la Confederación de Hostelería, Juan Carlos Gelabert. Y ello, en plena crisis económica. «No se entiende como desde una administración pública en vez de tomar todas las medidas necesarias para ir paliando esta situación, se toman algunas que contribuyen a agravarla de manera importante», aseguró el vicepresidente.
Cesión de competencias

Mientras tanto, la Generalitat solicitará al Gobierno estatal la cesión de competencias limitadas de autorizaciones de establecimientos públicos en la costa. «Los ayuntamientos se están encontrando con dificultades para la concesión de determinados servicios de playas, montaje de chiringuitos y actividades deportivas», aseguró Rambla.

Valencia es un ejemplo de ello. Entre los años 1983 y 1993, las playas de la ciudad no recibieron ninguna sanción. En 2005 llegó la primera multa, de 21.000 euros, por parte de la Dirección General de Costas por la celebración de un europeo de voley playa. A día de hoy ya ha recibido cinco. Pero Barberá lo tiene claro: «Pese a las multas, este año organizaremos seis acontecimientos, de lo que dos ya se han celebrado. No vamos a permitir que no haya actividades y que la gente no pueda disfrutar en nuestras playas», afirmó.

Otra de las iniciativas para paliar la situación actual de los chiringuitos es «plantear iniciativas legislativas en les Corts para que se pueda elevar al Gobierno central la modificación de la normativa actual», apuntó el vicepresidente del Consell. Por último, la figura de los restaurantes de playa se incluirá en la Ley de Espectáculos Públicos para su protección.
La reunión de ayer, a la que también asistieron el alcalde de Castellón, Alberto Fabra; el teniente de alcalde de Alicante, Andrés Llorens, los consellers de Gobernación, Infraestructuras y Turismo, surgió efecto incluso antes de celebrarse.

Unas horas antes de comenzar, los hosteleros valencianos recibieron una llamada de la Secretaría de Estado para citarles en la capital de España. «Parece ser que hay visos para empezar las negociaciones. Están dispuestos a hablar sobre los derribos previstos en Alicante. Pero no nos gustan las formas. Es un tema muy importante y las cosas hay que hacerlas con criterio. La reunión se ha convocado demasiado deprisa», lamentó Gelabert.

El vicepresidente Rambla reiteró el compromiso del Consell «para defender la tradición turística de los chiringuitos valencianos».

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Valencia se pone al frente de las quejas contra la Ley de Costas

El Ayuntamiento de Valencia se ha puesto al frente de las movilizaciones contra las actuaciones del Gobierno central en materia de costas en cuanto a la realización de deslindes y otro tipo de afecciones. El consistorio organizará y respaldará un congreso en octubre sobre las repercusiones de esa legislación en el Hotel Sidi Saler, que también está afectado por el deslinde, según confirmó ayer un portavoz de la delegación de Playas.

"La celebración del congreso y otras medidas, como la recogida de 500.000 firmas, se plantearon al ayuntamiento hace unas dos semanas en una reunión de la Plataforma Nacional de Afectados de la Ley de Costas", comentó el citado portavoz.

Éste agregó que a la reunión no sólo asistirán representantes de municipios o afectados de la Comunitat, sino de otras comunidades autónomas. "El planteamiento del congreso lo hemos visto con buenos ojos y en septiembre deberemos perfilar todos los extremos para celebrar el foro", afirmó.

La aplicación de la Ley de Costas de 1988 se considera como muy estricta en el ámbito de la Comunitat y desde el consistorio y la Generalitat se ve más bien como un ataque desmedido hacia las costas valencianas. Además, consideran que la normativa puede haberse quedado desfasada a día de hoy

Recogida de firmas

El consistorio valenciano se va a ver involucrado en dos iniciativas de recogida de firmas relacionadas con afecciones a las costas valencianas.

Una la promueve la Federación de Hostelería de Valencia (FHV) y tiene como finalidad el mantenimiento de los cerramientos de los chiringuitos de la playas de la Malva-rosa, Cabanyal y Pinedo. Las rúbricas se iban a recoger en los locales y en las postas sanitarias, aunque quizás no se lleve a cabo porque los concesionarios de los locales de la Malva-rosa han acordado con Costas la renovación de la autorización. Sin embargo, un portavoz de los hosteleros recordó que el problema no sólo afecta a los esos empresarios sino a más.

La otra recogida de firmas la promueve la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y consiste en obtener 500.000 firmas para acometer una reforma de la legislación en lo referente a futuros cambios en la normativa sobre costas.

Desde el ayuntamiento se volvió a insistir en la necesidad de llevar a cabo todos los esfuerzos para evitar las mayores repercusiones de la normativa estatal. Varios responsables municipales están en la creencia de que la ley está desfasada por el paso del tiempo y recuerdan que desde el Gobierno no se hayan puesto pegas a los planes municipales.

Valencia se pone al frente de las quejas contra la Ley de Costas - Valencia - Levante-EMV

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Frente común por los chiringuitos

Castellón, Valencia y Alicante suscriben un manifiesto que remitirán a los municipios del litoral en el que exigen a Costas reconocer como elemento singular estos establecimientos

Defender la pervivencia de los chiringuitos en las costas de toda la Comunitat como elementos singulares generadores de turismo y empleo. Es el espíritu del manifiesto que ayer suscribieron en Castellón el concejal de Sostenibilidad de la capital de La Plana, Gonzalo Romero; la concejala de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal; así como la edil de Turismo de Alicante, Marta García.

Los tres representantes municipales consideran que la Ley de Costas, que data de 1988, ha quedado «obsoleta» y «no refleja la realidad actual». Por ello, reclaman al Ministerio de Medio Ambiente «que se reconozca al chiringuito como elemento que por su naturaleza exige ser ubicado en la zona de dominio público marítimo terrestre» y que «debe contar con características adecuadas a la necesidad de la ciudadanía». Los tres ediles consideran que los 150 metros cuadrados que establece el artículo 65 de la Ley de Costas como extensión máxima para dichas instalaciones «son insuficiente para prestar un servicio adecuado».

«Reivindicamos el derecho al ocio de los veraneantes y la defensa del sector turístico de la Comunitat Valenciana, así como el mantenimiento de los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que generan estas instalaciones», indicó Romero. «Es una cuestión de sentido común para evitar lo que sin duda es una tomadura de pelo», agregó Bernal, que incidió en que «en el año 2000 el Ayuntamiento de Valencia, los hosteleros y Costas suscribimos un pacto para que se pudiera disfrutar de las terrazas también en invierno cubriéndolas». «Los empresarios desembolsaron una importante suma para acondicionarlas y, nueve años después, quieren aplicar una medida que asfixia aún más a unos hosteleros ya afectados por la crisis», denunció.

Del mismo modo, la concejala de Turismo de Alicante destacó que «en nuestro caso, de los nueve chiringuitos que pueblan el litoral alicantino, siete tendrían que ser derribados, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo». «Es algo que no vamos a consentir y por eso hemos decidido dar este primer paso las tres capitales de provincia conjuntamente», apuntó García, quien calificó la Ley de Costas de «injusta, genérica y arbitraria». «Consideramos absolutamente necesario que la normativa se concrete en función de la realidad de cada municipio costero, porque de lo contrario son los hosteleros quienes se colocan en una situación de indefensión ante tanta ambigüedad», añadió.

Recabar apoyos
Para que la propuesta adquiera si cabe mayor fuerza, los representantes de las tres capitales de provincia de la Comunitat anunciaron que «en breve» se reunirán con responsables de la Conselleria de Turismo para abordar esta situación. Del mismo modo, el manifiesto se remitirá «a todos los municipios costeros de la Comunitat, con independencia de su signo político», para que se adhieran al escrito y reclamar una reforma de la normativa que permita la pervivencia de los chiringuitos.

«No vamos a establecer un plazo límite para que nos contesten, ya que entendemos que la propuesta beneficia a todos y esperamos que lo suscriban lo más rápido posible, porque el tiempo juega en nuestra contra», especificó Bernal. «Es una circunstancia que nos afecta a todos», apuntó Romero, quien insistió en que «es fundamental que el término 'chiringuito' esté bien regulado, porque no todos prestan los mismos servicios ni tienen las mismas características y es necesario que la Ley recoja y haga legales esas peculiaridades».

Del mismo modo, desde los tres Ayuntamientos firmantes del manifiesto alertaron al Ministerio de Medio Ambiente de que «estaremos muy pendientes de cómo desarrollan la aplicación de la Ley en otros municipios del territorio nacional, porque lo que no vamos a consentir de ninguna manera es que, una vez más, se discrimine a la Comunitat Valenciana desde el Gobierno».

«Por nuestra parte, pretendemos es encontrar herramientas y posibilidades para que la explotación de estas instalaciones se adapte a las necesidades reales del turismo», concluyó Romero, que especificó que «vamos a luchar para que las concesiones de licencias sean rápidas y en tiempo para poder establecer las medidas de protección necesarias, de modo que la colocación de estos elementos no genere afecciones ni sobre el entorno ni al paisaje».

Frente común por los chiringuitos. Las Provincias

los chiringuitos..

de manhel

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MEJORAS EN LA PLAYA DE MONCOFA

(DEL DIARIO MEDITERRANEO)

El 23 de noviembre, la Dirección General de Costas tiene previsto derribar la vivienda del Chavarro y el Hostal Pinche de Moncofa. Así, sus dueños deberán desalojar los inmuebles antes de esa fecha.

Los tres propietarios de la casa recibieron una indemnización de 143.000 euros, ya que esta contaba con una concesión hasta 2018. Por el contrario, los del Pinche no obtendrán compensación alguna, pues el establecimiento tiene caducado el permiso.

Tras ambos derribos, el Gobierno tiene previsto iniciar el proyecto de remodelación de la plaza Ruíz Picasso, que experimentará una importante transformación. Además, será mucho más amplia, porque abarcará el terreno de los dos inmuebles derrocados. En total, dispondrá de 5.000 m, que estarán adecuados para la próxima campaña de verano. Cabe destacar que el nuevo ágora moncofense tendrá una imagen muy similar a la que lucen la Pintor Sorolla o la conocida como la O.

HOSTAL PINCHE, PLATGES DE MONCOFA,

En moncofa...

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Adiós a medio siglo de historia

Las máquinas derriban un hostal de Moncofa afectado por la Ley de Costas



Las máquinas iniciaron el derribo del hostal Chavarro de la playa de Moncofa ayer, a las nueve de la mañana. Vecinos de la localidad castellonense asistieron incrédulos al final de una etapa que comenzó en el año 1963, con la construcción del ya histórico hostal. Un edificio lleno de historias entrañables, tal como nos ayer recordaba uno de sus protagonistas más próximos, C.J.M., "más de una noche unos turistas se quedaban tirados con el coche en la carretera y el dueño de las grúas llamaba al hostal para ver si les podían dar hospedaje".

Cuarenta y seis años de historia y de historias que quedarán para siempre en la memoria de los vecinos. "Hoy esto se ha terminado. Por aquí ha pasado muchísima gente de todas clases, militares, políticosÉ" relataba C.J.M., quien añadía que "es lamentable que un municipio como Moncofa se quede definitivamente sin plazas hoteleras", en clara alusión al inminente derribo del Pinche. Y es que si ayer le llegó el turno al Chavarro, pasado mañana le toca al hostal-restaurante Pinche, otro de los edificios emblemáticos de la playa de Moncofa. Ayer se firmó la recepción del edificio por parte de los técnicos de Costas.

El derribo de estos característicos edificios responde a una orden tramitada por el abogado del Estado tras una sentencia firme del Supremo. Quince años después de que la Ley de Costas declarara que ambas construcciones estaban en zona de dominio público.

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El Consell pedirá al Gobierno la creación de una Comisión mixta para poder regular los establecimientos en la zona marítimo-terrestre

La Generalitat valenciana solicitará al Gobierno central la creación de una Comisión mixta, integrada por estas dos administraciones y por los ayuntamientos, en la que el Consell pedirá al Estado la transferencia de las competencias en materia de regulación de los establecimientos en la zona marítimo-terrestre, conocidos como chiringuitos.

Así lo anunció hoy el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, junto con la consellera de Turisme, Belén Juste, tras reunirse con concejales de Playas de municipios valencianos, donde hay establecimientos afectados por la modificación de la Ley de Costas que prevé derruir aquellos comercios situados en la arena cuya extensión supere los 150 metros cuadrados.
Castellano aseguró que trasladará esta petición al Gobierno central de manera "inmediata" con el objetivo de "regular y proteger" los establecimientos de la zona marítimo-terrestre, una cuestión que calificó como "prioritaria", ya que "tiene un impacto económico muy importante para uno de los sectores que más aporta al PIB de la Comunitat", como es el turismo.

Asimismo, recordó que el pasado mes de octubre el Gobierno valenciano ya impulsó una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat mediante el establecimiento de un epígrafe "específico" para dar "el máximo respaldo y protección" a estos establecimientos.

Así, la ley recogerá un nuevo apartado que contemple las instalaciones de ocio de temporada estival, lo que popularmente se conoce como chiringuitos y que son instalaciones eventuales, portátiles o desmontables ubicadas en zonas marítimo-terrestres. El cambio en la norma ya se está tramitando en las Corts Valencianes, según precisó el conseller.

Castellano criticó que la "actitud" del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, provoca que los chiringuitos "estén en peligro de extinción". De este modo, censuró que este tema "no se puede dejar a la ligera como hace" la administración central al decir que "no se pueden homogeneizar las soluciones y que hay que hacerlo por playas y provincias porque eso puede generar muchas injusticias", lamentó.

En este sentido, señaló que hoy se ha conocido que está previsto derruir un chiringuito en Oliva (Valencia) y destacó que la Generalitat valenciana "defenderá lo que, desde hace décadas, es una seña de identidad del paisaje turístico, que da empleo y servicios, y que tiene un impacto económico muy importante" para la Comunitat.

Por su parte, Juste coincidió en que este tipo de comercios son "importantísimos para el paisaje, la cultura y la oferta turística" de la región. En este sentido, alertó que, aunque en un principio se habló de 45 chiringuitos afectados, "a corto y medio plazo se pueden alcanzar los 500 en toda la Comunitat".

100 MILLONES MENOS
Esto tendrá consecuencias en el "empleo y en la riqueza", ya que, "si no se toma una decisión rápidamente por parte del Gobierno, se dejarán de ingresar 100 millones de euros", alertó la consellera de Turisme.

A su juicio, los chiringuitos "no es que complementen, sino que son parte" del litoral valenciano. Por ello, confió en "conseguir cuanto antes que se transfieran las competencias y que se pueda regular este asunto de la mejor forma para la Comunitat". Añadió que es necesario que las costas cuenten con "servicios para disfrutar del ocio y del descanso y todo lo que pide el turista".

Asimismo, la concejal de Playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, hizo hincapié en que la Generalitat y los Ayuntamientos "darán solución a la problemática sobre la supervivencia de los chiringuitos ante la evidente pasividad de la Dirección General de Costas y el Ministerio de Medio Ambiente".

La edil, en un comunicado, consideró que "la intranquilidad que supone esta situación por la falta de información del Ministerio, y los inminentes derribos que ya han empezado en la Comunitat Valenciana, han obligado al Gobierno autonómico y a los consistorios implicados a tomar medidas urgentes".

En la defensa de los chiringuitos. Las Provincias

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