Lo de Sevilla es, ciertamente, una de las salvajadas más grandes que he visto en mi vida. Pero, comparando el tamaño de la ciudad y su patrimonio artístico, he de decir que con Guadalaja se han cebado... ¡¡Qué desastre!!
Por si alguien lo conoce... en la villa toledana de Ocaña siguen por ese camino. Y en pleno siglo XXI.
La Policía Judicial regresa para intervenir actas de plenos
Se trata de documentación correspondiente a las sesiones celebradas desde 2004 hasta la actualidad. Los cinco denunciantes deberán testificar ante el juez el día 15 de abril para ratificar su denuncia
A. VERANO / M. CERRO
Espectacular imagen de Castro Urdiales cuyo crecimiento urbanístico es palpable. / SANE
Nueva intervención judicial en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Al filo de las once de la mañana de ayer, lunes, dos agentes de la Policía Judicial se personaron en el despacho de la Secretaría Municipal del Consistorio castreño para recabar todas las actas de las sesiones plenarias desde el año 2004 hasta la actualidad.
Esta actuación se enmarca dentro de las investigaciones que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales al haber detectado hecho que podrían ser constitutivos de un un presunto delito de prevaricación.
La investigación judicial se origina por la adjudicación de las obras del túnel de Mioño en 2006. En concreto, tras la querella presentada el 27 de septiembre de 2006 por parte de la Fiscalía y a raíz de la denuncia presentada por cinco ediles no adscritos, todos ellos expulsados en su día del PSOE, entre ellos Rufino Díaz Helguera, actual concejal de Obras y Servicios y socio del actual equipo de gobierno.
La querella se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime Díez Muro (PRC) y Salvador Hierro (IU) por haber adjudicado 'a dedo' a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de reparación del túnel de Mioño. La imputación se amplió después al resto de los miembros de la junta de gobierno local de Castro Urdiales en aquel momento (Fernando Muguruza (ex PRC), José Miguel Rodríguez López (PP), Concepción Carranza (PP), Juan Tomás Molinero (PRC) y Santiago Vélez (IU).
http://www.eldiariomontanes.es/20080...-20080401.html
CRONOLOGÍA
Jueves, 27 marzo: La Policía Judicial interviene en la Gerencia de Urbanismo de Castro Urdiales una carretilla con ocho carpetas y varias decenas de folios atadas en tacos relacionados con el pago de facturas en materia urbanística y que abarcan desde el año 1999 hasta la presente legislatura.
Viernes, 28 de marzo: El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) emite un comunicado en el que informa de los motivos por los que se lleva a cabo la intervención judicial en el Consistorio castreño. El origen se encuentra en una querella presentada por cinco ex ediles nos adscritos por un posible delito de prevaricación en relación a la contratación de las obras del túnel de Mioño. Además, el TSJC da a conocer los nombres de los siete imputados por esta causa. Por otro lado, el alcalde Fernando Muguruza, uno de los imputados, ofrece ese mismo día una rueda de prensa, ante una multitud de medios, para señalar que se trata de un despropósito y que detrás de la investigación hay intereses políticos.
Buenas noticias sobre este tema, por fin la cosa se va aclarando, y vemos más cercano el derribo de esta cosa:
http://www.ideal.es/almeria/20080424...804241257.html
no cabe recurso
La sentencia del Supremo coloca El Algarrobico más cerca de su fin
El Alto Tribunal confirma el deslinde de cien metros donde se levanta el hotel al considerar que prevalece el interés general de la protección del dominio público marítimo-terrestre sobre la legitimidad de la construcción
24.04.08 - 13:32 -
E. P. |
El Tribunal Supremo (TS) confirmó hoy el deslinde de 100 metros aplicado por la Dirección General de Costas al litoral del paraje de El Algarrobico donde se levanta el hotel de la promotora Azata del Sol al considerar que prevalece el interés general de la protección del dominio público marítimo-terrestre sobre la legitimidad de la construcción.
La sentencia de la Sección Quinta del Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil matriz, Azata SA, contra un auto de la Audiencia Nacional que, en julio de 2006, denegó por segunda vez la suspensión cautelar de la Orden Ministerial por la que se elevó la servidumbre en la zona de 20 a 100 metros.
La medida se dictó en el marco de un procedimiento seguido en la Sección Primera de la Audiencia Nacional que dirime la legalidad del acto administrativo y que, en la actualidad, está pendiente de votación y fallo después de que las partes personadas presentarán sus escritos de conclusiones.
La resolución, contra la que no cabe recurso, llega, sin embargo, después de que la Audiencia Nacional dictase en enero un primer fallo por el que consideraba "conforme a derecho" la citada Orden Ministerial en otro contencioso-administrativo a instancias, en este caso, del Ayuntamiento de Carboneras y contra el que ha interpuesto recurso de casación ante el TS el equipo de gobierno municipal (PSOE).
El magistrado ponente, Jesús Ernesto Peces, argumenta que la prevalencia de protección del dominio público "en evitación de situaciones irreversibles" adquiere "especial relevancia" en este caso en el que se ha construido "un edificio destinado a hotel con cuatrocientas habitaciones". Declina, no obstante, dirimir si la anchura de 100 metros es o no "correcta" y se remite al fallo de la Audiencia Nacional en el pleito principal.
No atiende, asimismo, la pretensión de la entidad mercantil Azata SA cuando esgrime "apariencia de buen derecho" ya que, según la sentencia, "no cabe confundir la legalidad" del inmueble levantado "sobre un terreno que entonces no venía delimitado como servidumbre de protección" con si el deslinde aplicado "es o no conforme a derecho".
El Alto Tribunal impone a la recurrente el pago de las costas causadas en 2.000 euros por los conceptos de representación y defensa de la Administración del Estado y de honorarios del abogado de la asociación conservacionista 'Salvemos Mojácar', que aparece como parte recurrida.
La ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona anunciaba en marzo que su Departamento procedería al "derribo inmediato" de la parte del hotel del Algarrobico de Carboneras ( Almería ) que ocupa los 100 metros de servidumbre marítimo terrestre, de acuerdo con la Ley de Costas, si la Audiencia Nacional desestimaba los recursos presentados por la promotora del inmueble, Azata del Sol, y la entidad mercantil matriz, Azata SA.
La Audiencia Nacional fundamentó su primera sentencia en la Disposición Transitoria Novena del citado reglamento que condiciona la aplicación excepcional de esta distancia a terrenos que "tengan consideración de urbanos o donde la edificación esté consolidada", requisitos ambos que el tribunal asegura no se cumplen en la finca de Azata en El Algarrobico al entender que el suelo "no se pude considerar urbano hasta que finalizó la ejecución de las obras de urbanización, en 2003".
Recoge, asimismo, lo estipulado en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas que obliga a la revisar y aplicar una servidumbre de 100 metros a los planes parciales aprobados con posterioridad al 1 de enero de 1988 con independencia de que sean anteriores a su entrada en vigor y reprocha a Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras el que, durante el procedimiento, no aportasen justificación de por qué no se exigió a Azata del Sol la revisión del desarrollo urbanístico.
Chavales, esto está ganado. La justicia leeeeenta pero implacable le dice al Algarrobico que esto se acabó y que sólo le queda irse a tomar por culo de una vez:
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, declaró ayer nula la licencia del hotel y pidió al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve indicios de corrupción.
Sí, sí, CORRUPCIÓN!!
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), del PSOE, ignoraron la Ley de Costas y su propio plan del parque natural del Cabo de Gata al autorizar el hotel del Algarrobico, de 20 plantas a 28 metros del mar. (fuente: El país Digital)
La sentencia durísima, y la Junta de Andalucía haciendo el ridículo más espantoso, porque se sumó a la denuncia cuya resolución le señala finalmente como administración CORRUPTA:
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La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, al que luego se sumó la Junta. Contra la resolución cabe recurso. Que el hotel sea ilegal cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.
La sentencia afirma que la Junta manipuló sus planos sobre el parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal, pese a que en la planimetría original, de 1988, el hotel ocupaba una zona imposible de edificar. La Junta defendió durante años que el hotel es legal. Su presidente, Manuel Chaves, sin embargo, declaró ayer que la sentencia "da la razón a la Junta".
El juez insiste en que la obra fue aprobada días después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, de 1988, por lo que no podía estar a menos de 100 metros del mar. La Junta insiste aún en que la distancia legal son 50 metros, pese a que desde hace 20 años el ministerio advierte de que son 100 y así lo dictó la Audiencia Nacional.
El magistrado pide a la fiscalía que investigue al ayuntamiento y a la Junta por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La Junta, según el juez, actuó "de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico" y usó una "burda maniobra" al presentar una cartografía "falsa e insólita". Y concluye que "la abulia y desidia" de estas administraciones "en defensa del interés general" merecen ser investigadas.
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Mierda de país...
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Se acabó: A tomar por culo el Algarrobico y ahora a esmochar a los responsables políticos de este despropósito!!!
Y viva Almería libre de la corrupción y del algarrobico!![]()
.::... Gallardón,Rey de reyes, Eterno Alcalde de la Villa y Corte de Madrid
tus fieles y leales Legionarios del Cristo de Urbanity guardarán tu legado hasta la eternidad...::
(¿Qué será ahora de nosotros sin tí? )
..::elsardinero::..santander2016candidatacapitaleuropeadelaculturahttp://pedRosdR.virtual-city.es diva del soul
Pero aun tienen posibilidad de recurrir la sentencia, asi que esto aun puede ir para largo... ¿No?
De todas formas el daño a la zona ya esta hecho.![]()
A la vez que ocurre esto están negociando como acabar con esta pesadilla con la empresa que construyó y el ayuntamiento. Esperemos que se llegue a un acuerdo pronto.
[Playa de Luaña-Alfoz de Lloredo, Cantabria]
El Consejo de Estado dice que las licencias para 98 casas no pueden declararse nulas
El Ayuntamiento considera que a la hora de emitir el dictamen «se ha tenido más en cuenta los derechos del propietario que las características de la finca»
A. RUIZ
El Consejo de Estado ha dictaminado que las licencias para construir 98 viviendas junto a la playa de Luaña (Alfoz de Lloredo) no contienen «ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho alegadas por el Ayuntamiento» y por lo tanto no pueden declararse nulas, tal y como pretendía el Ayuntaminto. El Consejo de Estado responde así a la petición formulada por el Consistorio que preside Enrique Bretones (PP), que en agosto pasado pidió un dictamen al Consejo de Estado sobre el expediente de nulidad de dos licencias de construcción de 85 y 13 viviendas respectivamente.
Después de conocer el dictamen del órgano consultivo, desde el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo señalaron que a la hora de emitir el dictamen «se ha tenido más en cuenta los derechos del propietario que las características de la finca así como de su impacto ambiental». El equipo de gobierno pidio al Gobierno Regional que «estudie la licencia otorgada en el 2005 y prevea cualquier problema que pueda acontecer en el futuro».
El dictamen del Consejo de Estado, que no profundiza en detalles como si era preceptivo o no el estudio de detalle y la delimitación de la unidad de actuación o sobre si el suelo en cuestión era consolidado o no, entiende que «no concurre causa de nulidad» en ninguno de los motivos que alegaba el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. Por su parte, el Consistorio basaba su argumentación en informes técnicos y jurídicos que habían detectado una serie de irregularidades en la concesión de las licencias. Así, según estos informes, las licencias carecían de estudio de detalle y de proyecto de equidistribución. Las licencias concedidas en el año 2005 hacían referencia, por un lado, a la construcción de 13 chalés unifamiliares y, por otro, a 85 viviendas distribuidas en 4 bloques de 10 pisos, 4 bloques de 8 y 13 viviendas familiares.
Revisión de la licencia
Pese a acatar el contenido del dictamen del Consejo de Estado, desdesde el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo recordaron que los terrenos fueron considerados «zona de protección ecológica por los técnicos del Gobierno de Cantabria en 2005». Posteriormente, el anterior equipo de gobierno del PRC otorgó licencia de construcción y es al llegar Bretones a la Alcaldía «cuando se comprobó que lo aprobado era una aberración para nuestro pueblo». A juicio del equipo de gobierno, en todo momento se ha tratado de evitar «los grandes problemas que la licencia podría traer al ayuntamiento».
El Consejo de Estado dice que las licencias para 98 casas no pueden declararse nulas. eldiariomontanes.es